SENTENCIAS AL PASO. Caso 2: Compraste un auto por Internet y te estafaron? Podría ser culpa tuya y no tendrías derecho a reclamar.

Caso 2.-

Temas: #Derechodelconsumidor #Comercioelectrónico #ecommerce #propiatorpeza #mercadolibre

A quién le sirve esta info:

1) A todo aquel consumidor de productos y servicios a través de internet le va a interesar para saber resguardarse.

2) Aquella persona y/o empresa que comercializa bienes y/o servicios por comercio electrónico.

3) Aquél que quiera comprar un auto.

Hechos básicos:

Mercado Libre tiene dos tipos de servicios: Por un lado uno puede vender un producto y/o servicio publicando en su sitio, a cambio de una comisión por la venta. Otro servicio es el de clasificados en el cual sólo cobra por publicar el aviso, tal como lo hacían y hacen los diarios.

En el caso, un hombre vio en #mercadolibre un aviso clasificado de un auto marca Renault Clío modelo 2004 a $20.000. Decidió comprarlo y contactó a la parte vendedora, cuyos datos aparecían en el aviso clasificado.

Sin siquiera ver el auto, revisarlo o verificar su situación jurídica, procedió a comprarlo enviándole el equivalente en euros a esta parte vendedora, que residía en el extranjero. Luego de recibir esa suma, le requirieron más plata para cubrir el tipo de cambio, unos $10.000 extra. La vendedora luego le informó a este señor que Mercado Libre le entregaría el auto y le solicitó $200 para dicha entrega y documentación.

Claro que la vendedora desapareció luego de haber recibido el pago y el auto jamás fue entregado. Este hombre entonces sintió que #mercadolibre era responsable por haber permitido que lo engañaran, y por ello lo demandó por Daños y Perjuicios.

La parte actora o actor (que es la que inicia la demanda) consideró responsable a Mercado Libre afirmando que dicha empresa participó de la cadena de comercialización y debería responder por el engaño y daño sufrido. También alegó que Mercado Libre había cobrado una comisión por la venta.

La parte demandada se defendió haciendo saber al juzgado que no puede ser responsable por el fraude ocasionado por la parte que publicó el aviso de venta del auto y que la parte actora era la única culpable por haber caído en esa trampa.

El Juzgado interviniente hizo un análisis del caso, de la funcionalidad del sitio de Mercado libre, realizó peritajes informáticos y básicamente consideró varias cuestiones.

Mercado Libre solo publicó el aviso clasificado y no cobró una comisión por la venta. Actuó como cualquier diario que publica avisos y no es considerado responsable por la veracidad y/o contenido de las publicaciones, de la misma manera que no es responsable la compañía de teléfonos por los delitos que se cometen con una línea telefónica, o el correo por el contenido de las cartas que traslada y entrega.

La Justicia determinó que Mercado libre en este caso no era una empresa proveedora de servicios intermediarios, ya que sólo publicó el aviso en su sección clasificados. No intervino en la operatoria y ello es clave para decidir sobre su responsabilidad, según la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo, normativa internacional en la que la justicia fundamentó esta sentencia.

Según la sentencia, Mercado Libre no tenía la obligación de vigilar los avisos clasificados, y ante ausencia de obligación, cabe la inexistencia de responsabilidad. Misma postura adoptada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando resolvió sobre responsabilidad de los  “motores de búsqueda” en Internet en el caso “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc.s/ daños y perjuicios”

Tampoco se dio en el caso la llamada “ignorancia culpable”, que equivale al conocimiento de efectivo de que se están cometiendo ilícitos a los usuarios de sus servicios.

El actor había sido víctima de su propia torpeza al no haberse dado cuenta de que estaba siendo víctima de un engaño. La parte vendedora le envió un email informando que vivía en España pero el castellano utilizado era muy básico, con evidentes errores de sintaxis y ortografía que denotaban que no se trataría de una persona nacida en un país de habla hispana.

Este hecho no le llamó la atención a la parte compradora que prosiguió con total confianza sin reparar en que jamás había visto el auto, que estaba a mitad de precio de mercado. No actuó con un mínimo de sentido común.

El que compra un auto debe hacerlo revisar físicamente y constatar su situación jurídica. Son dos obligaciones legales y este señor no cumplió ninguna de ellas, por lo que no puede hacer responsable a otro por su propia torpeza.

Otro punto que tuvo en cuenta la Justicia para rechazar la demanda fueron la validez e importancia de los Términos y Condiciones del sitio que fueron aceptados por la parte compradora al inscribirse como usuario.

Destacó el Juzgado que dichos Términos y Condiciones poseen una redacción accesible al público y explican claramente cómo funciona cada servicio que ofrecen.

De la pericia informática realizada sobre el sitio de Mercado Libre, se pudieron observar Consejos de Seguridad para los usuarios, con pautas de cuidado para evitar caer en engaños.

El comprador no siguió ninguna advertencia, fíjense:

“No usar servicios de pago anónimos, no enviar dinero al exterior”. Este señor lo hizo.

“No confiar en ofertas por debajo del precio de mercado”. Este señor confío en la baja y ridícula oferta.

Por todo ello, la Justicia rechazó la demanda de daños interpuesta, al considerar que el daño fue causado por la parte vendedora (que no había sido demandada), no por Mercado Libre, y que el comprador hubiera evitado la estafa de tan solo actuar como un mínimo de sentido común exigible a cualquier persona en su situación.

 

Conclusiones útiles:

  • Tenes que obrar con cautela y prestar atención, ya que si no lo haces, no podes responsabilizar a otro por el daño que te causas a vos mismo. Propia Torpeza.
  • Los Términos y Condiciones son contratos oponibles y válidos ante la justicia
  • La prevención legal ha operado como factor determinante en el rechazo de la demanda.

Comentario:

Los diarios que publicaron esta noticia, utilizaron títulos como “Lo estafaron en un sitio de compras online pero la Justicia lo culpo a él” o “Compró un auto, lo estafaron y la Justicia lo culpó a él” como indicando a primera vista que la nota se trata de un pobre ciudadano víctima de una empresa que lo estafó.

Por eso decidí publicar este comentario, para explicar lo que pasó y dar algunas pautas de cuidado que me parecen importantes.

La Justicia debe analizar primero la manera y el grado en que en que un operador interactúa con los vendedores y los propietarios a la hora de determinar la responsabilidad o no del sitio web de mercado electrónico.

Como profesional del derecho no habría tomado el caso luego de analizar la prueba (emails, conducta del cliente, términos y condiciones del sitio web, etc).

Hay varias cosas para destacar y lo primero es la Prevención Legal que despliega Mercado Libre y que en este caso fue fundamental para el rechazo de la demanda.

La justicia consideró como prueba los Términos y Condiciones del sitio web, y así también a los consejos de seguridad que se publican para los usuarios.

No se tratan de Términos genéricos que muchas empresas utilizan pensando que no son importantes. Lo son, y definen la responsabilidad civil y penal en un pleito.

Si manejas un comercio electrónico, asegúrate que los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad estén correctamente redactados y adaptados a tu negocio, y conforme a ley.

Gracias a las medidas de prevención legal adoptadas, la demanda fue rechazada, pero vale destacar que en la segunda instancia, en la cámara de apelaciones, los jueces consideraron que el actor, la parte compradora, había demandado a mercado libre pensando que tenía derecho a hacerlo y por ello no correspondía que pagase las costas del juicio (honorarios).

Estoy muy en desacuerdo con esta parte de la sentencia (y eso que el análisis desplegado por los jueces fue muy bueno!) ya que como ud. podrán ver, la estafa que sufrió esta persona era evidente y el caso era en extremo débil.

Con la orden de no pagar costas del juicio, lo único que se logra es fomentar la maldita industria del juicio que acepta demandas débiles y no genera consecuencias para aquellos que las inician y prosiguen.

Así que así estamos, con la Justicia sobrepasada de trabajo, que alarga los procesos y el reconocimiento de justicia.

Gracias por leer.

SENTENCIAS AL PASO: Sentencia 1. Privacidad y Derecho a la Imagen.

Mi proyecto es la prevención legal, un concepto que tiene que ver con informar al público sobre el derecho real y práctico, para que puedan adoptar posturas que los protegen frente a posibles conflictos.

Las sentencias judiciales, también llamadas “fallos”, resultan el mejor reflejo de la práctica jurídica y conocerlas nos da ese plus en nuestra vida profesional y cotidiana.

El problema es que la redacción es compleja, se utilizan términos que aburren a una persona común y básicamente la excluyen del mundo jurídico. Sobre todo, son largas para leer.

Se ha creado una burbuja de todo lo que sea legal, y se lo cataloga como difícil y a veces accesible sólo a través de profesionales del derecho, pero  pienso que no debe ser así. Liquidemos el pedestal en el que se ha colocado al abogado/a.

Dentro de este marco voy a empezar a publicar sentencias judiciales de diversos temas relacionados a mi especialidad de Derecho Tecnológico.

Voy a explicar rápida y sencillamente los hechos del caso, lo que resolvió la justicia y daré mi opinión al respecto. Indicaré también a quién le va a servir el comentario: persona, empresa, fotógrafo, programador, etc. Etc.

Espero, como siempre, que les sirva.

SENTENCIAS AL PASO.

Comentario 1: Derecho a la imagen – Niños – Privacidad. Un mismo caso, dos sentencias distintas.

Temas: #privacidad #derechoimagen #yahoo

A quién le sirve esta info: Personas que no quieren que sus fotos sean publicadas en buscadores, o utilizadas por otros; fotógrafos; organizadores de eventos; diseñadores web; community manager;

Hechos básicos: Una pareja de actores concurrió con su niño pequeño a un evento público organizado por una empresa de ropa y allí también se presentaron fotógrafos contratados por la empresa organizadora y por revistas, para cubrir la ocasión. Esas fotos fueron luego publicadas en la web, y se podían encontrar a través de buscadores como #yahoo.

Por otro lado, una revista de chimentos realizó una nota sobre estos actores, publicando fotos de ellos con su niño, sin pixelar su rostro ni pedir permiso para utilizar esa imagen. Hicieron la nota sin siquiera contactarlos para requerir su consentimiento/permiso.

Esta pareja realizó dos demandas reclamando daños y perjuicios:

1)Contra yahoo por las imágenes que aparecían indexadas.

2)Contra la revista.

En la justicia tenemos distintas instancias de intervención. La primera instancia es ante un juez/a y la segunda instancia es ante la Cámara de Apelaciones del fuero que corresponda (civil, comercial, laboral, ect) formada por Salas. Cada una de ellas integrada por tres jueces que revisan la sentencia dictada en la anterior instancia, apelada por aquella parte disconforme, para luego confirmarla, modificarla o revocarla..

En el caso que estamos analizando tenemos sentencias dictadas en ambas instancias, pero veamos en orden por demanda para entender.

Contra Yahoo: Se rechazó la demanda en base a que la publicación de fotos tuvo lugar dentro del ejercicio de la libertad de expresión, al informar sobre un evento público. Yahoo manifestó que las fotografías no fueron tomadas subrepticiamente sino en un evento de concurrencia masiva.

Recordemos que la libertad de expresión es un principio contenido en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales. Resulta uno de los pilares fundamentales de la democracia.

La imagen podemos entenderla como los aspectos físicos de una persona que inequívocamente la identifican; y El Derecho a la Imagen significa tener la libertad de decidir si pueden captar tu retrato, reproducirlo y/o difundirlo en distintos medios.

La protección de la Imágen está regulada en la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual que dice en su Artículo 31: “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma…”

La Ley 11.723 prohíbe la publicación de la imagen sin el consentimiento de la persona a la que corresponde, y para que se viole la norma no es necesario que se produzca un daño con la difusión de la imagen. El sólo hecho de su puesta en público, sin consentimiento adecuado, genera el derecho a requerir el retiro de la imagen.

A veces la ley no determina todas las cuestiones con exactitud y son los Jueces con sus sentencias los que interpretan la ley, y generan nuevos requisitos que debemos considerar, como los siguientes:

1) El consentimiento debe darse en forma expresa y escrita por el titular de la imagen.

2) No sólo se protege el retrato fotográfico, sino a la imagen difundida o reproducida por cualquier medio.

Volviendo a la ley, ésta permite excepciones, y la encontramos en ese mismo artículo 31 que determina que “Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público.”

Entonces, si la imagen se obtuvo en un acontecimiento público y existe un interés válido en informar el evento a la sociedad, no se requerirá el consentimiento.

La Justicia, para rechazar la demanda, consideró que las imágenes forman parte de una noticia publicada sobre un evento desarrollado en espacio público y con finalidad benéfica a favor de un hospital de alta complejidad, especializado en pediatría. Esta información surgía de las mismas remeras que llevaban puestas la madre y su hijo en el evento.

Se necesita una relación directa entre la imagen de la persona y el hecho de interés público, ya que lo que se busca proteger en este caso es el derecho de la comunidad a ser informada.

Contra revista: Una revista de chimentos publicó una nota sobre ésta pareja y su hijo, acerca del evento al que concurrieron. La publicación de fotos y la nota fueron realizadas sin consentimiento.

La revista contestó la demanda y fundamentó su accionar en el artículo 31 que comentamos arriba. Básicamente dijo que no se requería el consentimiento ya que se trató de la cobertura de un evento público.

Entonces, la Justicia tenía que determinar si en este caso en particular la revista tenía que pedir permiso y consentimiento a los padres del niño para publicar las fotos y la nota sobre ellos y su asistencia al evento público.

En ambas instancias se consideró que las publicaciones de la revista violaban el Derecho a la Imagen del niño, y que previo a su publicación debía de requerirse el consentimiento de sus padres.

La diferencia fundamental entre este caso y el de yahoo es el fin comercial. La revista realizó dos publicaciones en dos números diferentes, con miras a obtener un rédito económico de la vida de esta pareja y su hijo. No se estaba informando sobre el evento público a la sociedad, sino sobre la actividad de un niño con sus padres, y esta violación a la intimidad fue puesta en el comercio mediante la publicación de la revista.

Finalmente la revista tuvo que pagar casi $60.000 por daños ocasionados, y costas del juicio. Es decir, honorarios de los profesionales intervinientes (abogados, mediador, etc.).

Conclusiones útiles:

  • La ley requiere el consentimiento del titular de la imagen, para ser publicada.
  • El consentimiento debe ser otorgado por este titular, en forma expresa.
  • Si la imagen fue obtenida en la vía pública, hay que analizar si se trató de un evento público y existe una finalidad de informar a la sociedad.

Comentario:

Con la prevención legal podes ahorrar dinero y dolores de cabeza. La revista debió consultar a su representante legal en forma previa a publicar la imagen y la nota sin permiso adecuado.

En vez de abonar $60.000, podría haber pagado solamente una pre consulta legal de $1.000.

Por otro lado, quiero remarcar la llamada industria del juicio. Vean que se realizó una demanda contra Yahoo, sin fundamentos válidos, y esta demanda la perdieron, pero al final no tuvieron que pagar nada, saben porqué? El famoso “Beneficio de Litigar sin gastos”.

Esto significa que uno puede pedir a la Justicia no pagar los gastos y costas de un juicio si lo llega a perder, y en este caso, la pareja solicitó este beneficio en ambas demandas.

La justicia se los concedió porque consideró que ellos representaban a su hijo en estas acciones judiciales, y su hijo no tiene bienes ni dinero para pagar los gastos y costas de un juicio perdido.

Entonces, si bien perdieron el caso contra Yahoo, no tuvieron que pagar absolutamente nada.

Fueron contra esta conocida empresa ya que tiene dinero para responder pero no iniciaron demandas contra los sitios que reprodujeron esas fotos. Fueron contra Yahoo porque es alguien que puede pagar.

Se intenta generar una costumbre en ir judicialmente contra quien pueda pagar una indemnización. Los famosos buscadores de internet tienen fondos suficientes para ello, y por eso son demandados. Su responsabilidad por la publicación de contenidos fue analizada por nuestra Corte Suprema de Justica, y lo veremos en otro comentario.

Gracias por leer.

La Privacidad es una broma

El otro día me llegó por Twitter un artículo sobre hogares inteligentes que espían a sus dueños, y como hacer contraespionaje (leelo acá https://fieldguide.gizmodo.com/your-smart-home-is-spying-on-you-here-s-how-to-spy-bac-1822939698)

Perfecto! dije; es lo que necesito. Si bien no tengo instalado ningún dispositivo hogareño inteligente, imaginé que podía encontrar información interesante sobre cómo proteger mi privacidad y mis datos personales en la red.

Lamentablemente, en el tercer párrafo el autor advierte que sus consejos sólo los pueden aplicar aquellos usuarios que posean conocimientos técnicos. En otras palabras, gente que sabe de redes y programar.

Yo no soy uno de ellos, como millones de personas tampoco lo son, y concluyo entonces lo siguiente: Los que no somos programadores ni tenemos conocimientos básicos/intermedios de manejo de redes, estamos vulnerables a ataques, a que violen nuestra privacidad, a que roben nuestros datos personales.

Hemos llegado a un punto en donde el respeto a la privacidad es una broma. Cada día leo noticias sobre tecnología que roba datos, espía a sus usuarios, como si no existiese legislación que lo prohíba y castigue.

Es tal la ganancia que tienen las empresas con nuestros datos que no les importa el costo de violar la ley.

Vivimos en un mundo en dónde la gente común no tiene protección alguna frente al desarrollo tecnológico que se lleva por delante nuestra privacidad.

Cuando comenzó a surgir el fenómeno de Internet de las Cosas, los profesionales del Derecho mundial que investigamos y escribimos sobre el tema, gritamos con mucha fuerza para advertir sobre los riegos que el avance tecnológico iba a provocar en nuestra Privacidad.

Remarcamos que la mejor manera de que la tecnología continúe avanzando sin límites, era a través del respeto a la privacidad, con eje en la seguridad del dispositivo y de sus usuarios. Esto se denominó Privacy and Security by Design. (léete este otro artículo si queres https://nexolegal.com.ar/2016/10/03/privacidad-amenzada-por-dispositivos-iot-un-caso-judicializado/)

Diseñar la tecnología no sólo en base a la idea que tuvimos y al servicio que se quiere prestar, sino también considerando como vamos a proteger la privacidad de nuestros usuarios. Los desarrolladores son legalmente responsable por ello.

Pero entonces, si se han escrito innumerables artículos en todos los idiomas al respecto, se han celebrado conferencias, y hasta se han dictado nuevas leyes; porqué hemos llegado a esta situación en la que nuestros datos ya no son nuestros, y la privacidad no es más que un concepto teórico?

En Argentina se está trabajando en un Proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales y se ha creado el observatorio de Big Data. Todas buenas noticias que no logran ningún efecto ya que día a día entregamos nuestros datos en cualquier formulario online.

La mayoría de los sitios web y aplicaciones, no poseen las medidas de seguridad que exige la ley de protección de datos personales. No lo hacen porque no hay consecuencias y el tráfico de big data es un negocio de millones.

Ojo, no nos hagamos los tontos. Somos los primeros responsables en cuidar nuestros datos y no lo hacemos. Completamos cada formulario online y consentimos que hagan lo que quieran con nuestra información personal y nuestra información de navegación.

Pero si no lo hacemos nos perdemos de experiencias ya que la tecnología nos obliga a entregar nuestros datos y privacidad a cambio de disfrutar de sus beneficios. Es lo que se llama un contrato de adhesión, caracterizado por la falta de posibilidad de poder modificar sus cláusulas.

Esos contratos son los famosos términos y condiciones que determinan derechos y obligaciones de las partes (usuario y empresa). También tenemos la famosa política de privacidad que en la mayoría de los casos, si leemos bien, violan la legislación al no especificar el uso que van a darle a nuestros datos.

La mayoría de estos contratos son redactados por profesionales que no están especializados, y realizan el famoso “copia y pegar”. A veces son las mismas empresas que hacen esto, y no contratan abogad@s pensando que no es importante.

Estamos atrasados en lo que respecta a protección de datos personales. Hace unos días recibí un email publicitario no deseado. Lo leí con atención porque al final de ese email figuraba la siguiente leyenda: “Decreto S 1618 Sec. 301. Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de S.1618 bajo el decreto S.1618 titulo 3″ aprobado por el 105″ congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este E-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido. Si desea ser removido de nuestra base de datos en forma definitiva, responda este mail con el asunto REMOVER.”

Sobre ese tema escribí un trabajo en el año 2003 en la especialización de Derecho de las Tecnologías. 15 años después seguimos recibiendo emails con esa leyenda que habla de una norma estadounidense que jamás fue aprobada.

El Decreto 1558/2001 reglamenta la ley 25326 de protección de datos personales. Allí se determinó que “En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos.”.

Hagan un ejercicio y busquen en google “Decreto 1158/2001”. Resultados que aparecerán son leyendas de spam de sitios web importantes y conocidos, pero sucede que el Decreto 1158/2001 es una norma sobre Importaciones.

Se trata de un error de tipeo, copiado y pegado miles de veces. En los resultados hay empresas y sitios importantes, que referencian en sus contratos una norma que no existe.

Es ridículo pero demuestra cabalmente la falta de respeto a la privacidad, y demuestra que no les importamos.

Para protegernos primero nos debe importar, y luego nos debemos informar leyendo artículos, o normas, guías. Entrén al sitio de http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx de  la Agencia de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por nuestros datos personales. Allí van a encontrar información interesante y hasta podrán realizar denuncias.

Es a nosotros a quienes nos debe importar nuestra privacidad

Prevención legal en uso de Drones

El 11 de Noviembre un Drone golpeó a un avión de Aerolíneas que aterrizaba en Aeroparque; el episodio está siendo investigado por la JIAAC (Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil) y la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) pese a que existe una prohibición concreta para utilizar drones en zonas cercanas a aeropuertos.

En Julio, la policía de Maryland – Estados Unidos, obtuvo imágenes a través de un Drone por las que pudieron localizar el lugar en donde se almacenaba mercancía robada. Con esta información obtuvieron una orden de allanamiento que terminó en arrestos y en recuperación de la mercadería.

Luego se anunció la creación de un cuerpo especial de pilotos oficiales para la utilización de Drones en la prevención, investigación y rastreo de evidencia.

El avance tecnológico y el uso que le otorgamos a estas nuevas tecnologías, claramente resulta beneficioso para la sociedad, pero no debemos descuidar por ello otros derechos en juego, como la seguridad y privacidad de las personas.

Digo seguridad porque el Drone que chocó con el avión en aeroparque, sólo golpéo su nariz, pero podría haber entrado por un motor y las consecuencias serían otras.

Digo privacidad porque cuestiono una orden de allanamiento emitida en base a imágenes tomadas violando privacidad de las personas.

Pienso en todas las imágenes, videos, sonidos, fotos, captadas por un Drone, y que mucha de esa información resulta privada, cae dentro de la esfera de intimidad de las personas que no sabían que estaban siendo monitoreadas.

Esta noticia que comenté arriba, me lleva a analizar la situación legal argentina, y quizás muchos no lo sepan, pero desde el año 2015 que el uso de Drones o VANT (vehículo aéreo no tripulado) para obtener datos, se encuentra reglamentado.

La Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales determina que la autoridad gubernamental que controla la aplicación de la normativa y el respeto a los derechos allí consagrados, es La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Este órgano de control tiene a su cargo el Registro Nacional de                Bases de Datos, asesora y asiste a los titulares de datos personales, recibiendo denuncias y reclamos.

Dentro las atribuciones que la ley le otorgó a esta entidad, se encuentra la de dictar normas reglamentarias que se deben observar (lease, respetar), y en ese marco dictó la Disposición 20/2015. http://www.jus.gob.ar/media/2898655/disp_2015_20.pdf

El avance de la tecnología condiciona a la sociedad a las leyes que la regulan, y la creación de los Drones y sus distintos usos, ha generado la necesidad de dictar una reglamentación para que la recolección de datos personales sea realizada en forma legal, respetando la privacidad de los titulares de los datos.

Los Drones registran imágenes en video y fotografía, con o sin sonido, muchas veces sin que nos demos siquiera cuenta de su presencia. Dado su desplazamiento aéreo, la capacidad para captar datos resulta mayor a la de una simple cámara de videoviglancia instalada en un puesto fijo, con movimientos limitados.

La reglamentación alcanza a aquellas “actividades de recolección de datos personales que contengan material fotográfico, fílmico, sonoro o de cualquier otra naturaleza, en formato digital, realizadas mediante VANTs o drones, para su almacenamiento en dispositivos o cualquier otro tratamiento posterior, en los términos de la Ley N° 25.326.” (sic Artículo 1°)

La disposición determina por un lado condiciones para que la recolección de datos personales a través de este medio, sea licita, y por otro, realiza recomendaciones a seguir por aquellos que sólo utilizan al Drone con fines recreativos.

Principalmente hay que observar que el uso recreativo de Drones puede afectar la privacidad de las personas, por lo que la prudencia es la regla, y debe evitarse molestar al otro.

Si están utilizando un Drone dentro de su patio o terraza, tengan en cuenta que pueden estar violentando la intimidad de sus vecinos, y si ellos se los solicitan, deberán eliminar esos datos, sin poder negarse a ello.

Aconsejo leer esas recomendaciones que están redactadas en un texto de fácil lectura, ya que se busca llegar al público en general.

Entre las exigencias legales, vemos la necesidad de contar con Consentimiento Previo del titular del dato, para que la recolección de datos sea considerada lícita.

Ahora bien, tranquilos, ya que hay casos en que este consentimiento no resultará necesario, como cuando se recolecten datos en un acto o hecho público en el que se presuma la existencia de un interés general en que sea difundido ese hecho, como lo sería una manifestación, o un evento realizado en lugar público.

Hace unos meses fui a un evento público del GCBA que promocionaba el respeto a la ecología y fomentaba la reducción de residuos. Allí observe a un Drone, que iba tomando imágenes aéreas de todo lo que iba sucediendo, seguramente para luego armar un video promocional del evento. Como se trataba de un lugar público y un evento de interés general, no se requirió mi consentimiento previo, sino que se presumió otorgado.

En un casamiento o fiestas, también pueden recabarse datos con un Drone, sin necesidad del consentimiento, ya que las costumbres marcan que es algo normal en ese tipo de eventos.

No hace falta consentimiento en casos de emergencia o siniestros (accidentes), y, lo que a muchos les debe importar cuando recolecten datos dentro de su propiedad, es  no invadir el espacio de terceros (como lo sería el espiar al vecino o a la vecina tomando sol en chancletas).

Siempre hay que tratar de restringir la recolección de datos al mínimo necesario, y resulta necesario prever mecanismos para que los titulares de esos datos sepan lo que está sucediendo. Como dije arriba, si el titular les solicita eliminar los datos, deben hacerlo.

Por último, destaco que la normativa habla de que la intromisión en la privacidad del titular del dato no sea desproporcionada. La definición de si resultare o no desproporcionada la intromisión, quedará en manos de la autoridad de control, o en su caso, del Poder Judicial.

 

 

 

 

Privacidad amenzada por dispositivos IOT – Un caso judicializado.

En el mes de Mayo de este año 2016 tuve el honor de dictar una charla sobre Aspectos Legales de Internet de las Cosas, en el marco de distintos encuentros que emprendedores de esta tecnología organizan en la Ciudad de Buenos Aires.

En dicha oportunidad comenté la problemática legal que IOT presenta y que se enfoca en dos cuestiones principales: Privacidad de los datos personales y Seguridad de los dispositivos.

Para lograr un desarrollo responsable, duradero y confiable para los usuarios, resulta necesario que los emprendedores procedan a diseñar el dispositivo y su aplicación, considerando a la privacidad y a la seguridad como pilares base. Estos conceptos se denominan Privacy by Design y Security by Design.

Conversamos con los presentes acerca de la inexistencia de casos judicializados actuales (nacionales e internacionales) en los que se pueda teorizar acerca de estas problemáticas. Hasta ahora, los investigadores jurídicos hemos ensayado respuestas en base a la aplicación analógica de jurisprudencia y legislación en la materia.

En escasos 4 meses, hemos observado un desarrollo tecnológico impresionante en IOT, y ya existen situaciones jurídicas que confirman que la privacidad realmente está en riesgo.

Internet de las Cosas va de la mano con el concepto de Big Data, que hace referencia al manejo de una gran cantidad de datos personales de usuarios, y uno de los negocios que IOT ofrece, es el relacionado con el valor que estos datos poseen, y esto motiva que empresas busquen almacenarlos, aún sin saber el destino final de su utilización, lo que resulta ilegal, como veremos a continuación.

Esta situación llevo a la comunidad jurídica a estudiar este fenómeno, y al impacto que ha tenido, y tendrá, sobre la privacidad de los usuarios.  A medida que se desarrollan nuevas tecnologías, el concepto de privacidad se irá ampliando para buscar proteger al usuario.

Podría suceder, por ejemplo, que las bases de datos no cuenten con las medidas de seguridad necesarias y por ende, sean vulnerables a ataques. Google, Yahoo y Linkedin, entre otras, han sufrido estos ataques y perdido valiosa información de sus usuarios, poniéndolos en riesgo.

Por otro lado, la finalidad de su utilización resulta necesario establecerla de antemano en los acuerdos de privacidad, ya que el usuario debe otorgar su consentimiento informado para que el dispositivo pueda recabar los datos, almacenarlos y transmitirlos. El usuario debe estar enterado de todo lo que se hará con su información privada y sensible.

Esto nos lleva al caso en estudio.

Una empresa desarrollo un juguete sexual, un vibrador, que puede ser manejado con el celular mediante una aplicación creada específicamente, que permite elegir distintos modos de intensidad de las vibraciones, entre otras funciones.

Esta información personal del usuario se configura como información sensible que contiene detalles de la vida privada sexual de la persona que utiliza el dispositivo.

La compañía canadiense fue acusada por una ciudadana del estado de Illinois, USA, de monitorear, almacenar y transmitir la información privada de la demandante y de todos los usuarios del dispositivo IOT, sin su conocimiento ni consentimiento informado.

Asimismo, fue acusada de fraude comercial y enriquecimiento ilícito, ya que el dispositivo IOT le otorgaba un valor agregado al producto, y si sus usuarios hubieran sabido que su información sexual privada iba a almacenada, no habrían adquirido el producto.

La demanda fue presentada y todavía debemos esperar a ver cómo responde a las acusaciones. He revisado sus políticas de privacidad y dejan mucho que desear. Son escuetas y nada informan realmente.

Este es un caso a considerar y si llega a sentencia (podría terminar con un acuerdo privado), podríamos analizar el impacto que tendría una sentencia que regule la privacidad en dispositivos IOT

 

IOT y Evergreening. Nueva problemática?

Las nuevas tecnologías como posibles barreras para el libre acceso a medicamentos.

La política de las corporaciones en patentar medicamentos como nuevos e inventivos, cuando en realidad se trata de simples modificaciones a su estructura (concepto evergreening) que no están sujetos a patentamiento, genera una posición dominante en mercado que a su vez eleva los ya altos costos del medicamento en cuestión.

Por otro lado, la necesidad de utilizar el medicamento e incapacidad económica para afrontar sus costos, provoca la proliferación de industrias ilícitas como la venta de medicamentos falsos o adulterados vía internet.

No solamente debemos enfocarnos en las trabas que hoy conocemos para el acceso a medicamentos, sino también en las nuevas tecnologías en desarrollo que permiten o facilitan su uso, y que podrían significar nuevos obstáculos para que el ciudadano llegue a cubrir sus necesidades médicas.

“Internet de las Cosas” (Internet of Things, sigla IOT), se trata básicamente de una red de aparatos o dispositivos conectados a la web, que generan e intercambian datos constantemente. Pensado para facilitar y mejorar la sociedad, creando ciudades inteligentes, casas inteligentes, y hasta una salud inteligente.

Todos los estudios realizados prevén que esta industria generará más de 200 billones de dólares para el año 2020, sólo en relación a la industria médica y al cuidado de la salud. Nuevos jugadores entran en escena también, ya que corporaciones como Google y Apple se encuentran desarrollando esta tecnología.

Por ello mismo, debemos prestar especial atención en la defensa del derecho a la salud en estos aspectos.

Un claro ejemplo de esta nueva tecnología la encontramos en las píldoras inteligentes que envían datos de los pacientes, a éstos y a sus médicos, para controlar el efecto de medicamentos en sus cuerpos, y si están siguiendo la posología indicada de acuerdo al tratamiento ordenado. Otro caso lo encontramos en nuevos dispositivos que facilitan la vida de los pacientes diabéticos, como resulta ser un lente de contacto que mide la glucosa.

El desarrollo tecnológico otorga beneficios a los ciudadanos ya que modifica el manejo de sus enfermedades, mediante la utilización de medicamentos a través de nuevos dispositivos creados para su Si bien esta tecnología claramente otorga beneficios a la sociedad, no debemos permitir los monopolios que se creen en torno a ella, mediante el patentamiento de los dispositivos a través de los cuales se ingieren los mismos (píldoras inteligentes).

Hasta podríamos llegar a observar situaciones como la imposibilidad de tomar un medicamento si no es a través de uno de estos dispositivos.

Este es un breve ensayo que intenta esgrimir las posibles estrategias que las corporaciones puedan llegar a preparar para seguir obteniendo ganancias, y así continuar violentando el derecho a la salud.